LA NECESIDAD DE DEFENDER LOS
INTERESES DEL PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD A
TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA.
1-CONTEXTO:
Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen
cinco departamentos privatizados de concesión administrativa de asistencia
sanitaria, Alzira / la Ribera, Torrevieja, Dénia / La Marina, Manises /
l'Horta y Elche-Crevillente. teniendo
como características comunes y fundamentales:
1- Financiación Pública: El sistema de contraprestación se basa en un pago capitativo (por persona
dentro de la población protegida). La Administración paga a la empresa
concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida por cada uno de los
habitantes adscritos. También paga por la atención prestada a los enfermos que
no residan en la zona. (Por eso admitían y daban preferencia a población de
otros departamentos sin la debida vigilancia de los representantes de la
Conselleria de Sanidad, los denominados
Comisionados, directivos de paja que se dedicaban a hacer la vista gorda de las posibles tropelías
de la dirección de la concesión.
2- Propiedad Pública: En todo momento se garantiza la naturaleza pública del servicio de salud.
El centro objeto de concesión es un hospital público, construido en suelo
público y perteneciente a la red de hospitales públicos.
3- Control Público: La empresa concesionaria está sujeta al cumplimiento de las cláusulas
establecidas en el pliego de condiciones o contrato. La Administración tiene
capacidad de control y de inspección, así como facultad normativa y
sancionadora. En muchas ocasiones se ha cuestionado la falta de control a través de las figuras establecidas para
ellos
4- Prestación Privada: La prestación del servicio sanitario se adjudica durante un periodo de
tiempo preestablecido a una empresa concesionaria, que se compromete a la buena
marcha y gestión del servicio público, a cambio de una cantidad que le
garantice un nivel suficiente de beneficios.
5- Contratación de su personal de forma laboral privada: La empresa concesionaria tiene la capacidad de
contratación sin que sea necesario establecer los mismos criterios que para el
personal contratado en los hospitales públicos, como la publicidad, igualdad el
merito o la capacidad.
La Ley 15/1997 de 25 de abril, aprobada por el Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español, el mismo que gobierna en la actualidad
la Comunidad Valenciana junto con el partido nacionalista valenciano Compromis,
introdujo la posibilidad de que los servicios sanitarios sean prestados por
instituciones jurídicas que no fueran estrictamente estatales y que se
corresponden con el modelo de gestión de estos departamentos.
El
departamento de Alzira/La Ribera fue el primer hospital público español de
gestión privada. Su puesta en marcha se produjo en el 2000 el Conseller de
Sanidad en ese momento Joaquín Farnós del Partido Popular aseguró que su uso ahorraría dinero a la
administración.
Tres años mas tarde la concesionaria no pudiendo
hacer frente a la explotación del hospital, fue indemnizada por la Generalitat
Valenciana del Partido Popular por un supuesto lucro cesante de 25 millones de
euros por sus pérdidas tras la anulación de la adjudicación que pagamos todos
los valencianos.
Curiosamente la Generalitat abrió un nuevo
concurso, en el que se aumentaban de forma muy generosa las cantidades que la
administración autonómica pagaría (per cápita) por la explotación del hospital
y adjudicó la explotación a la misma UTE.
Pasados los
años y tras la caída del Gobierno del Partido Popular y principal avalador de
este controvertido tipo de gestión y con la promesa política del actual
gobierno del Partido Socialista del País Valencia y de Compromis, junto con el
respaldo parlamentario externo de Podemos, la reversión al sistema público de las
concesiones administrativas ha entrado en un periodo de cuenta atrás ya que el
Hospital de la Ribera será el primero en revertirse, el contrato de concesión
vence en menos de 1 año, mas concretamente el 1 de abril del 2018.
El
departamento de La Ribera, hospital y centros de atención primaria, cuenta en
la actualidad con un total de
aproximadamente 1900 trabajadores, siendo la gran mayoría de relación laboral
privada, gestionadas exclusivamente con un carácter privado, es decir la empresa privada concesionaria ha sido la
encargada de formalizar los contratos de trabajo sin que sea necesario
supeditarlos a ningún tipo de supervisión por parte de la Conselleria y lo que
es peor con la velada pero calculada intención de que cada contratación seria
asumida, como parece que a si podría ser, por la Conselleria de Sanidad en caso
de reversión.
De forma
contrapuesta se encuentra el resto del
personal estatutario que de forma muy minoritaria han tenido que o bien superar
durísimas pruebas de acceso publicas o demostrar méritos y capacidad,
establecidas por la normativa estatutaria correspondiente a lo largo de muchos
esfuerzos y años de experiencia. En ocasiones esta convivencia ha generado
no pocos problemas y fricciones entre el personal o entre el personal de
conselleria y los directivos de la concesión y tales consideraciones son
también exportables a las cuatro concesiones administrativas restantes.
Toda una orgia de promesas de estabilidad laboral muy
apetecibles y placenteras que parece que toman forma con el beneplácito de la
Conselleria de Sanidad de la Sra. Montón
2- LOS RECURSOS HUMANOS Y LA REVERSIÓN.
Establecer la posibilidad de la reversión sin
tratar responsablemente su vinculación a
la cuestión del personal que trabaja y sustenta el día a día de los
servicios sanitarios en todos los departamentos a lo largo de la Comunitat
Valenciana , es cimentar esta y las próximas reversiones, siempre y cuando se
mantengan las actuales circunstancias políticas, en una conflictividad muy
peligrosa que confrontará al personal
estatutario temporal, a la actual Conselleria de Sanidad y a los sindicatos que
tengan representación en Mesa Sectorial, con consecuencias en principio no
deseables tanto para sindicatos negociadores como para los partidos políticos
“progresistas” que lleven a cabo el proceso. Por tanto la reversión conlleva
tanto la continuidad de la asistencia sanitaria a la población de referencia
como una solución al problema que se plantea en cuanto a los prestadores de los
servicios que son los trabajadores.
En el mes de abril de este año la Conselleria
de Sanidad Universal y salud Publica se reunió con el comité de empresa del
personal laboral de La Ribera con el fin de negociar la situación laboral en la
que quedarían a partir del 1 de abril del 2018 los 1900 trabajadores
contratados por la empresa concesionaria. La Consellera Carmen Montón en un
alarde de generosidad publica, ofreció a
los sindicatos con representación en el comité, reconvertirlos en personal laboral indefinido no fijo de la Conselleria
de Sanidad, manteniendo sus actuales condicionales labores e incluso mejorándolas
a través de una revisión que incluiría el aumento de plantilla que de forma
objetiva y comprobada falta en los restantes hospitales de gestión publica, con
el afán de neutralizar las reclamaciones del Comité de empresa de la Ribera.
Un notorio
trato de favor hacia este personal, que recordamos no ha superado prueba alguna
ni tampoco han sido contratados bajo los
criterios que las actuales bolsas de contratación de la Conselleria de Sanidad
se establecen para el personal que trabaja en sus instituciones sanitarias,
chocando frontalmente con derechos legales como la oferta de estas plazas a
provisión publica en sus dos vertientes tanto de forma libre como por promoción
interna (OPE) o los esperados y deseados traslados de personal estatutario fijo
a este departamento de salud y si se lleva adelante este modelo de reversión,
también a Denia, Manises etc.
Esta fórmula de la Conselleria, recoge en
parte las peticiones de los sindicatos del actual comité de empresa de La
Ribera, ya que la subrogación de los trabajadores es imperativa según la legislación
laboral española e ineludible pero la condición de que queden esas plazas
blindadas hasta la jubilación o cese voluntario es el motivo de nuestra
protesta y de nuestra total negativa.
3- ANALISIS JURIDICO. EL INDEFINIDO NO FIJO EN LA ADMINSITRACIÓN SANITARIA
VALENCIANA.
El personal laboral serian los trabajadores que aún siendo de la
Administración pública, no forman parte de la plantilla de funcionarios. En el
ámbito sanitario y con unas particularidades laborales especiales en la
prestación de los servicios, no es natural ni habitual e incluso podríamos
decir que seria residual, que la administración formalice vinculaciones
laborales de tipo laboral privado. Por tanto la administración debe remitirse a la contratación de tipo
estatutaria (Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud).
La Jurisprudencia reconoce la
imposibilidad de equiparar al personal laboral como trabajadores fijos en
plantilla, pues para ello se establecen procedimientos reglamentarios y un
sistema adecuado de valoración de méritos y capacidad que impide igualar ambas
figuras. La propia exposición de
motivos del EBEP, reconocía como punto de partida un principio constitucional
conocido por todos: “que el régimen general del empleo público en nuestro país
es el funcionarial”.
La Administración
no puede consolidar la fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del
puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligada a adoptar las
medidas necesarias para la provisión regular del mismo.
Desde
nuestro punto de vista la solución que la Conselleria quiere dar al problema;
sin méritos acreditados en el correspondiente proceso de selección, en libre e
igualitaria pugna con otros aspirantes y sin
principios de igualdad, mérito y capacidad que garantizan la eficacia de
la Administración en el servicio de los intereses públicos, sería totalmente ilícito, ilegítimo e irregular. Por
tanto la promesa de vinculación con la
administración pública sanitaria hasta la jubilación del trabajador o
trabajadora es una forma de fijeza definida en el tiempo que vulnera las normas de derecho necesario
sobre la limitación de los puestos de trabajo en régimen laboral y la reserva
general a favor de la cobertura funcionarial, así como las reglas imperativas que garantizan que la selección debe someterse a
los principios de igualdad, mérito y publicidad en el acceso al empleo público.
Sin embargo no han contado con la respuesta
de su personal estatutario temporal que no pondrá las cosas fáciles a los
planes de la Conselleria y del Comité de Empresa de la Ribera porque esta
decisión supone un trato de favor injustificado y una declaración de guerra al
personal estatutario.
CONSECUENCIAS:
Las consecuencias a medio y largo plazo serian:
1- Desprofesionalización del empleado público y un uso
perverso de las facultades públicas, llevando a realizar contrataciones irregulares
y fuera de la ley.
2- El secuestro inmediato a partir del 1 de abril del
2018 de alrededor de 1900 plazas temporales estatutarias, que no podrán
ofertarse a procesos de oferta de empleo público ( tanto para promoción interna
como para turno libre), bolsa de contratación o concursos de traslados.
3- Marcaría un precedente muy peligroso ya que en caso
de reversión de los departamentos de Denia / La Marina, Torrevieja, , Manises /
l'Horta y Elche-Crevillente , unas 3500
plazas estatutarias tendrían la misma consideración e igualmente serían extraídas de una
provisión estatutaria.
4- Se conformaría una red clientelar que debilitaría
la relación profesional particularmente en estos departamentos y de forma
indirecta en los restantes ya que abriría paso a la posibilidad de realizar
nuevas contrataciones laborales en cualquier departamento.
La plataforma de Personal Estatutario Temporal
quiere hacer un llamamiento, a todo trabajador y trabajadora temporal a través
de las redes sociales que vamos a poner en marcha, con el fin de presionar para
que los intereses del personal temporal en este asunto no sean vulnerados por
la Administración sanitaria ni por sindicatos.
Necesitamos que difundas este texto para poder
organizar una contundente protesta sobre los planes de la Conselleria de Sanidad.
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